Por Francisco Alvarado Arce,

Iniciativa Ciudadana 

A partir de 2008, Argentina salió de la crisis económica y política del 2001, contexto en el que los jóvenes se encontraban expuestos al desempleo muchísimo más que el resto de los grupos etarios de esa nación.

Las disparidades del mercado de trabajo reflejaban también mucha informalidad; el desafío variaba a nivel local entre los jóvenes. Esto planteó la necesidad de establecer una política precisa para este grupo etario. Que fuera flexible y se adaptara a cada localidad.

El objetivo del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo fue acompañar a los jóvenes en varias etapas. Primero, analizar la escolaridad y luego poder formarlos o hacer prácticas calificadas en el medio laboral para poder integrarse en el mercado de trabajo fuera como empleado o uno creado por iniciativa propia. Es decir, generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes oportunidad a través de acciones integradas que les permitieran identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo e iniciar una actividad productiva.

Ante el amplio abanico de opciones, se optó por adaptar a cada caso una población objetivo, primordialmente la del grupo de jóvenes oportunidad de 18 a 24 años de edad con nivel primario o secundario completo, con residencia permanente y que se encontraran en situación de desempleo.

Fue una política implementada por etapas en las provincias o municipios que estuvo sujeta a mucha negociación política y alcanzar acuerdos con todos los actores locales implicados, para que miraran el beneficio hacia los  jóvenes oportunidad no sólo desde la educación sino a través de una política de la empleabilidad y su inserción en el mercado de trabajo.

Según cada provincia la oferta era diferente, pues no todas las provincias tendrían el conjunto de las prestaciones que derivaran del programa, a saber:

Prestaciones enfocadas a la orientación laboral:

• Orientación e inducción al mundo del trabajo.
• Apoyo a la búsqueda de empleo.
• Tutoría y acompañamiento permanente.

Prestaciones enfocadas a la mejora de la empleabilidad:

• Formación para la certificación de estudios primarios y/o secundarios.
• Cursos de formación profesional.
• Certificación de competencias laborales.

Prestaciones enfocadas a la inserción laboral asistida

• Prácticas calificantes en ambientes de trabajo.
• Intermediación laboral.

Prestaciones enfocadas al sostenimiento del empleo

• Generación de emprendimientos independientes.
• Incentivos financieros destinados a las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes integrados al Programa.

Como en cada provincia y municipio existían muchos regímenes de incompatibilidad, el programa tenía que ser validado por las oficinas locales que se ocupan de la oferta y la demanda de trabajo en ese nivel y que son las que hacen el vínculo entre las empresas y los demandantes de empleo. 

Para la implementación del programa fueron fundamentales tres actores oficiales.

1. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS): establece la normativa y financia
2. Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (GECaL), dependientes de la Secretaría de Empleo: concentran y canalizan la oferta de programas de empleo y capacitación laboral implementados desde el MTEySS.
3. Oficinas de Empleo Municipales: vinculan la oferta y la demanda de trabajo a nivel local; difusión de información, convocatoria a potenciales beneficiarios y asesoramiento a los interesados.

Para la implementación los convenios se filtraron a través del Ministerio de Educación, empresas, sindicatos y ONGs, que propusieron formaciones o prácticas laborales.

Una política pública de empleabilidad de carácter nacional aterrizada en lo local y, además financiada por el Estado, era una oportunidad y una necesidad para los  jóvenes oportunidad en cada territorio, por lo que la decisión de implementar el programa dependió de:

1. Una urgencia social : ej. Misiones (11% de indigencia).
2. La voluntad política : ej. San Luis (diferencias políticas, programa preexistente), Buenos Aires (buena coordinación GECAL – intendentes).
3. Las capacidades de gestión locales (existencia de OEM, desempeño en implementación de otros programas del MTEySS, atención al público).

Debido a lo anterior, la implementación a nivel territorial del programa tuvo lugar de manera atomizada, es decir en las 10 provincias elegidas durante el periodo 2008-2011, dicha implementación benefició más a algunos territorios que a otros, debido a que en algunas provincias ya había un programa preexistente.

En conclusión, más allá de que la política de empleabilidad era muy clara en términos de indicaciones muy precisas, definidas y homogéneas desde el diseño, la normativa y el manual de procedimientos, a nivel subnacional las muchas variaciones existentes no respondieron a la necesidad de la población joven, sino más a determinantes políticos institucionales o burocráticos, a pesar de que el programa fue diseñado para adaptarse a las oportunidades a nivel local en beneficio del grupo etario de los jóvenes.

Esa situación terminó por separar a la población beneficiaria de la población que realmente necesitaba del programa, que fue una política interesante por la universalidad de prestaciones bien pensadas y que realmente tomaban en cuenta a los  jóvenes oportunidad. 

Para abundar en el tema, consultar: Paula Fortaleza (ex diputada de la Asamblea Nacional de Francia y en Argentina) en “La implementación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en ámbitos subnacionales”. Disponible en: https://www.sijalo.mx/