Por Pablo Yanes Rizo

Ex coordinador de investigaciones de la Sede Subregional de CEPAL-México

Pocos dudan en reconocer que se encuentran en una crisis profunda los mecanismos tradicionales de inclusión social de las poblaciones juveniles. Ni la escuela ni el mercado están dando respuesta a sus reclamos, aspiraciones y proyectos de vida. Es en ese sentido que se habla de una crisis de futuro de las juventudes. Ya no se trata de mirar a largo plazo, sino de sobrevivir y sobrellevar el día a día. Las expectativas ancladas en los instrumentos de movilidad social propios de la sociedad salarial muestran crecientes signos de agotamiento. La escuela como antesala de ingreso al mercado laboral formal y el empleo como puerta de entrada a la seguridad social están seriamente cuestionados por un régimen de acumulación (el neoliberalismo, en breve) que ha tenido como variables de ajuste el mundo del trabajo y el mundo de los servicios públicos. Es por ello por lo que hoy tenemos la enorme paradoja de contar con las poblaciones juveniles con más años de escolaridad de la historia y, al mismo tiempo, las tasas de desempleo más altas precisamente en estas poblaciones altamente escolarizadas. Otra paradoja, mal que bien el Estado ha cumplido mejor su función (proveer de servicios educativos) que el mercado (generar empleos suficientes y de calidad). Así se han roto los vínculos entre educación y empleo y entre empleo y seguridad social. Aún más, entre las poblaciones juveniles se combinan alto desempleo, por un lado, y alta precariedad laboral, por el otro. Las poblaciones juveniles están viviendo, por ende, en un mundo de inseguridades palpables y certezas diluidas que tienen efectos serios en la capacidad para la acción colectiva y para construir miradas de largo plazo. Construir pisos de seguridad, confianza y autonomía para las juventudes parece ser una ruta de las nuevas políticas sociales que reclaman y requieren estas poblaciones y que, sin desdeñar la importancia de la educación y el empleo, no pueden ser solo el esfuerzo de reconstrucción de las instituciones de la sociedad salarial. El marco conceptual de las políticas para las poblaciones juveniles, propongo, deben pasar del eje de la inclusión al eje de la emancipación. Esto es, más allá de acceder a la educación e integrarse al mundo del empleo, lo que se requiere es construir las condiciones para contar con personas más libres, más autónomas y con capacidad de diseñar sus proyectos de vida. Parte de esta nueva mirada deberá incluir el derecho a un ingreso garantizado como derecho de ciudadanía (la renta básica o ingreso ciudadano universal) y traer a la conversación uno de los derechos menos contemplados en el diseño de políticas para juventudes: el derecho a la vivienda. La vivienda para las juventudes es el elefante en la habitación. Es hora de visibilizar la problemática y definir vías de superación. Bajo el supuesto de la emancipación, la vivienda juega un papel central en las aspiraciones de las juventudes. Es usual que se asuma que el marco referencial de políticas para juventudes incluya educación, empleo, cultura, deporte, recreación, salud sexual y reproductiva, principalmente. Es hora de incluir el derecho a la vivienda para poblaciones juveniles. A la fecha el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución, pero desde un enfoque familista (“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”). Convendría discutir si el derecho a la vivienda es de la familia o es de las personas. Llama la atención que en todos los demás derechos incluidos en ese artículo constitucional (la identidad, la protección de la salud, el agua, el medio ambiente sano, la alimentación) se enuncia “toda persona tiene derecho”, la única excepción es la vivienda. Aclaro que al referirme al derecho a la vivienda adecuada no implica necesariamente el derecho a la vivienda en propiedad, puede ser en renta u otra modalidad siempre y cuando sea asequible. Pero cada vez lo es menos para las personas jóvenes que posponen indefinidamente la salida del núcleo familiar y siguen viviendo con sus padres y madres hasta bien entradas en su vida adulta. Una política de fomento de la autonomía y la independencia de las personas jóvenes tiene en la emancipación del núcleo familiar uno de sus más importantes componentes. Sin embargo, el encarecimiento de la vivienda, la inestabilidad laboral y los bajos salarios hacen cada vez más difícil lo anterior. La salida intermedia que encuentran muchas personas jóvenes es compartir una vivienda repartiéndose el costo de las rentas (los roomies) y aun así es difícil y tienen que destinar una parte muy relevante del ingreso a pagar el alquiler. Si queremos hacer de la búsqueda de la emancipación el eje de las políticas para las juventudes hay que traer al debate la problemática de la vivienda. Y hacerlo a la brevedad para diseñar políticas y programas que la hagan accesible y asequible. Urge.