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It is urgent to dignify paid domestic work and effective access to social security.

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Monica Corona
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Maestra y Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Mónica cuenta con más de 30 años de experiencia en temas sociales en diversos países de América Latina. Es experta en género y migración, y autora de investigaciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional, así como de estudios enfocados en la feminización de la migración. Ha colaborado en el ámbito gubernamental y no gubernamental a nivel nacional e internacional, en organizaciones como el Instituto Nacional de las Mujeres; Oxfam Gran Bretaña; ONU Mujeres; Social Impact (consultora internacional para el desarrollo); el Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNRISD); Preferred by Nature (organización danesa), y FLACSO Ecuador.

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Maestra y Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Mónica cuenta con más de 30 años de experiencia en temas sociales en diversos países de América Latina. Es experta en género y migración, y autora de investigaciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional, así como de estudios enfocados en la feminización de la migración. Ha colaborado en el ámbito gubernamental y no gubernamental a nivel nacional e internacional, en organizaciones como el Instituto Nacional de las Mujeres; Oxfam Gran Bretaña; ONU Mujeres; Social Impact (consultora internacional para el desarrollo); el Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNRISD); Preferred by Nature (organización danesa), y FLACSO Ecuador.

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Por Mónica Corona
directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible

y Carmen Paola Avilés (pasante)
Ambas en Ethos Innovación en Políticas Públicas

El trabajo del hogar en México ha sido, históricamente, un sector paradigmático de la precariedad laboral. Nueve de cada 10 personas que lo desempeñan son mujeres, expuestas constantemente a la explotación y condiciones laborales injustas. En este contexto, las mujeres trabajadoras del hogar en México llevan años luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos laborales y el acceso efectivo a la seguridad social, aspectos fundamentales para un trabajo digno con salarios y prestaciones justas. ¿Qué ha cambiado?

A pesar de que en 2019 se implementaron reformas para garantizar sus derechos laborales e incorporarlas al empleo formal mediante su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los avances no han continuado debido a la inercia estatal y la renuencia de un número considerable de empleadores. Y es que la mera existencia de un marco legal resulta insuficiente; se necesita la participación proactiva del Estado para consolidar los esfuerzos de afiliación mediante campañas de dignificación e incentivos concretos que aseguren el acceso efectivo de estas trabajadoras a la seguridad social, garantizando así un trabajo digno y seguro.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, publicados en 2024, nos permiten observar la gravedad del problema: 2.5 millones de personas de 15 años y más eran personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en hogares en México. De estas, 9 de cada 10 eran mujeres. De ellas, el 96.3% lo hizo en la informalidad, mientras que, de los hombres, 83.4% estuvieron en esta condición.

El trabajo del hogar (“trabajo doméstico” como también se le nombra), históricamente ha estado delegado en las mujeres debido a las concepciones, estereotipos y roles de género existentes en nuestra sociedad. Se concibe -aún tratándose de trabajadoras del hogar remuneradas, es decir, empleadas por un patrón- como un “acto de cuidado”.

Esta malinterpretación conlleva a distorsionar el tipo de relación (laboral) existente, viéndose el trabajo del hogar remunerado no como una relación laboral formal en la cual las personas trabajadoras prestan estos servicios. Esta concepción distorsionada fomenta la normalización de acuerdos verbales, bajo una supuesta “confianza” que, en la práctica, exime de cumplir con obligaciones laborales básicas. De esta forma, y aunque este trabajo es una actividad que contribuye al bienestar de millones de familias mexicanas, una amplia mayoría de mujeres trabajadoras del hogar en México lo ejercen sacrificando su propio bienestar y el de sus familias.

Pongamos un supuesto: el caso de Aurora, una trabajadora del hogar sin contrato escrito ni seguridad social, que trabaja en una casa particular bajo un acuerdo verbal. Un día, su hija de tres años enferma gravemente y el familiar que suele ayudarle a cuidarla no está disponible. Aurora pide permiso para faltar, y su empleador accede, como un “gesto de humanidad”. Sin seguridad social ni ingresos por los días no trabajados, Aurora no puede cubrir los gastos médicos ni comprar los medicamentos. Desesperada, recurre a un familiar para pedir dinero prestado y poder atender a su hija.

El caso de Aurora es la realidad de miles de mujeres en México, que están insertas en trabajos precarios y en una posición de vulnerabilidad extrema. La alarmante cifra de 96.3% de mujeres ocupadas en este sector sin contrato escrito es un indicador contundente de la informalidad prevaleciente. De ese universo, una de cada tres mujeres trabajadoras del hogar sostiene a su familia y a las personas dependientes de ella, mientras padecen condiciones de empleo informal, mal remunerado y sin acceso a seguridad social. Esta doble carga –económica y de cuidados– se agrava por la ausencia de prestaciones que contribuyan a aliviarla, como guarderías y atención médica.

La precarización laboral en este ámbito también tiene un marcado sesgo de género. Los datos son elocuentes: las mujeres trabajadoras del hogar perciben menos salarios y gozan de menos prestaciones que sus contrapartes masculinas. Datos de la ENOE muestran que 71% de las trabajadoras del hogar no recibió prestaciones de ningún tipo, frente al 53% de los hombres que careció de prestaciones; el 70.4% de las mujeres ganó hasta un salario mínimo en contraste con el 43.5% de los hombres que ganó hasta un salario mínimo; además, casi el 23% de las mujeres obtuvo entre uno y dos salarios mínimos, frente al 37% de los hombres. ¡Incluso dentro de un mismo sector precarizado, en donde la mayoría son mujeres, ellas siguen ganando menos! La desigualdad de género opera aún en los espacios más vulnerables del mercado laboral.

México ha abordado esta problemática mediante la ratificación del Convenio Internacional 189 de la OIT y reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley del Seguro Social (LSS). El programa piloto del IMSS, iniciado en 2019, fue también un paso esencial. Sin embargo, en un inicio, la Ley del Seguro Social contemplaba la afiliación de las trabajadoras del hogar remuneradas como un proceso voluntario, prolongando su exclusión del sistema de seguridad social. No fue sino hasta 2022 cuando se estableció como obligación del empleador afiliarlas. Aunque esto representó un avance significativo, a la fecha sigue siendo sólo el inicio de un proceso que exige mayor contundencia. Sigue siendo un tema pendiente atender las profundas desigualdades socioculturales y prejuicios discriminatorios que impiden la progresividad y goce de sus derechos para trabajar dignamente y libres de discriminación.

La deuda histórica y de la sociedad con las trabajadoras del hogar remuneradas es considerable. Necesitamos trascender las meras declaraciones y materializar acciones concretas. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que quienes sostienen el bienestar de innumerables hogares gocen de los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otra persona trabajadora. Un contrato, seguridad social, y un salario justo no son concesiones o privilegios, sino derechos fundamentales que deben ser garantizados.

NOTE: Artículo originalmente publicado en Animal Político (12 de julio de 2025). Recuperado de https://www.ethos.org.mx/inclusion/columnas/urge_dignificar_el_trabajo_del_hogar_remunerado_y_el_acceso_efectivo_a_la_seguridad_social

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