En México el 12 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Desde entonces, diversas acciones por parte de ciudadanos y mujeres con discapacidad se han llevado a cabo para contribuir a la construcción y mejora de su entorno social, así como para visibilizar los desafíos que enfrentan en México. Esa tarea es relevante pues las mujeres con discapacidad representan el 53% (11 millones 111 mil 237 mujeres) de este grupo en todo el país. Pero, sobre todo, porque las mujeres con discapacidad siguen enfrentando desafíos en su acceso a la educación, el empleo y la seguridad social. Esto requiere una nueva visión de la sociedad basada en la sensibilización y la solidaridad, que considere a las personas con discapacidad como agentes activos de cambio en sus vidas cotidianas. Ignorar esto tendría un impacto negativo en la construcción de una sociedad inclusiva y democrática.

En México el 12 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, una fecha establecida por el Senado de la República en 2020 con el propósito de destacar las necesidades propuestas de esta población para mejorar su calidad de vida.

Desde entonces, diversas acciones por parte de ciudadanos y mujeres con discapacidad se han llevado a cabo para contribuir a la construcción y mejora de su entorno social, así como para visibilizar los desafíos que enfrentan en México.

Esta iniciativa involucra a la sociedad y a organizaciones civiles que crean una narrativa y persisten en ocupar el espacio público para destacar los pendientes en materia de derechos humanos. Además, cuestionan las deficiencias en las leyes, las limitaciones de las políticas públicas y los programas gubernamentales destinados a la integración de las mujeres con discapacidad.

A pesar de los esfuerzos y la creciente conciencia de las mujeres con discapacidad en relación con sus derechos, las políticas públicas todavía reflejan una perspectiva de anormalidad y diferencia, en lugar de abrazar un enfoque de derechos e inclusión que evite la tradicional tendencia paternalista.

Esta falta de reconocimiento subraya la persistente exclusión que enfrenta la población con discapacidad en ámbitos sociales, económicos, educativos, de salud y, especialmente, laborales donde la discriminación es evidente.

Es relevante mencionar que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), las mujeres con discapacidad representan el 53% (11 millones 111 mil 237 mujeres) de este grupo en todo el país.

En la Ciudad de México, según el Censo, 56.95% de las personas con discapacidad son niñas y mujeres (281,077). Los porcentajes de mujeres con discapacidad, según grupos de edad son: 7.2%, de 0 a 19 años; 42.5%, de 20 a 64 años; y 40.3%, de 65 años y más. Además, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), el 80.9% de las mujeres de 15 años y más con discapacidad en la Ciudad de México ha experimentado violencia a lo largo de su vida y el 49.8% en los últimos 12 meses.

En concordancia con esto, las mujeres con discapacidad siguen enfrentando desafíos en su acceso a la educación, el empleo y la seguridad social. Además, tienen restricciones en la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, con el ámbito laboral siendo el lugar más común donde se produce violencia y la discriminación.

En este contexto, la sociedad civil desempeña un papel crucial al sensibilizar y unir fuerzas para abogar por las causas de las personas con discapacidad y proponer mejoras en sus condiciones de vida.

Para impulsar cambios significativos, tanto individuos como grupos llevan a cabo diversas estrategias y acciones. Esto incluye la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la resolución de problemas específicos de ese grupo y la promoción de buenas prácticas y políticas públicas que reflejen sus necesidades y les permitan participar en asuntos públicos y relaciones institucionales, así como empoderarse.

En esta línea, es esencial adoptar medidas que fomenten el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres y las niñas con discapacidad, reconociéndolas como sujetos de derechos y asegurando que sus voces sean escuchadas en la toma decisiones en todos los ámbitos que afectan sus vidas.

Esto requiere una nueva visión de la sociedad basada en la sensibilización y la solidaridad, que considere a las personas con discapacidad como agentes activos de cambio en sus vidas cotidianas. Ignorar esto tendría un impacto negativo en la construcción de una sociedad inclusiva y democrática.