Por Mónica Silva Ruiz

Síndica Municipal del Ayuntamiento de Puebla

Hablar de cuidados es hablar del corazón que sostiene la vida: las tareas que garantizan el bienestar físico, emocional, social y económico de nuestras sociedades. No son actividades “complementarias” ni “naturales” para las mujeres; son trabajos esenciales que han sido históricamente invisibilizados, feminizados y desigualmente distribuidos. Pautasi (2007) afirmaba que, a lo largo de la historia, han sido las mujeres las principales proveedoras del cuidado debido a que la forma de organización social les asignó de manera exclusiva el trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares, dotado de valoraciones de sentido que ha reforzado lo largo de los siglos esta asignación.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 31/2025, reconoció el derecho humano autónomo al cuidado y puntualizó el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado, bajo principios de igualdad, corresponsabilidad social y de género, y progresividad. Este pronunciamiento obliga a los Estados y, por ende, a los gobiernos locales, a adoptar medidas normativas, presupuestarias y de política pública para garantizar este derecho. Por su parte el artículo 115 constitucional manda a los municipios a prestar de manera directa, continua y eficiente los servicios públicos esenciales, como una obligación derivada de su autonomía municipal y con el fin de garantizar el bienestar y el desarrollo comunitario. Garantizar el derecho al cuidado no es solo un compromiso ético y jurídico: es una decisión política que exige recursos estables, suficientes y progresivos.

Las mujeres destinan más del doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, lo que limita su participación laboral, política y comunitaria. Reconocer este trabajo como parte del sistema productivo local es clave para impulsar el desarrollo, generar empleo formal y fortalecer el tejido social.

En Puebla, la economía de los cuidados es un sector invisible pero estratégico. Las encuestas de uso de tiempo revelan que las mujeres destinan más del doble de horas que los hombres al cuidado no remunerado. Esta desigualdad limita su inserción laboral, su participación política y su autonomía económica.

El costo de esta desigualdad no solo recae en las mujeres, sino en toda la sociedad: menor productividad, menos innovación, más pobreza y desigualdad. Por el contrario, reconocer los cuidados como parte del sistema productivo local abre una gran oportunidad para impulsar el desarrollo, generar empleo formal, fortalecer el tejido social y construir comunidades más justas.

La experiencia internacional muestra que cuando los gobiernos invierten en servicios de cuidado, los beneficios se multiplican: se crean empleos formales, se incrementa la participación laboral de las mujeres, se mejora la salud y la educación de niñas y niños, y se reduce la desigualdad estructural. En Puebla, este puede ser un camino estratégico de desarrollo económico con perspectiva de género. Para avanzar en la construcción de un sistema de cuidados sólido y sostenible, se proponen cuatro ejes de intervención: legislativo, ejecutivo, presupuestal y social.

Eje Legislativo

• Reconocimiento expreso del derecho al cuidado en la legislación estatal y municipal.

• Creación de una Ley Estatal de Cuidados que obligue a elaborar planes estatales y municipales, instalar sistemas especializados y establecer mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

• Inclusión de la obligación de financiar estos sistemas en la propia ley, para evitar que dependan de la voluntad política del momento.

Eje Ejecutivo

• Elaboración de un diagnóstico estatal y municipal de cuidados, que cuantifique necesidades, servicios disponibles y brechas de género.

• Creación del Sistema Estatal y Municipal de Cuidados, con órganos de coordinación interinstitucional y con facultades presupuestales claras.

• Establecimiento de Centros Integrales de Cuidados y, a nivel municipal, la posibilidad de contar con una Secretaría de Cuidados que coordine programas y servicios.

Eje Presupuestal

• Creación de un impuesto municipal de cuidados que se incorpore al anexo transversal del anteproyecto de ingresos.

• Constitución de un Fondo Municipal para el Cuidado y Bienestar, con reglas de operación claras y con participación ciudadana en su seguimiento.

• Inclusión del cuidado como rubro prioritario dentro del presupuesto estatal, con partidas específicas y progresivas.

• Uso de mecanismos como el etiquetado presupuestal y la programación plurianual, que aseguren estabilidad y sostenibilidad.

Eje Social

• Alianzas con el sector empresarial, promoviendo empresas socialmente responsables que implementen servicios de cuidado en los centros de trabajo.

• Participación de la academia, generando conocimiento y formando profesionales especializados en gestión de cuidados, con programas de formación y certificación.

• Impulso a la sociedad civil, a través de convenios y proyectos comunitarios financiados por fondos públicos, que fortalezcan modelos innovadores de cuidado en territorios urbanos y rurales.

Los tres ejes funcionan de manera articulada para garantizar que la política pública sea integral: reconoce los derechos, asegura recursos estables y fomenta la corresponsabilidad social. El etiquetado presupuestal, los anexos transversales y la programación plurianual son herramientas clave para que el financiamiento sea sostenible y progresivo. Además, las acciones sociales y educativas fortalecen la cultura del cuidado, promueven la igualdad de género y contribuyen a visibilizar el valor económico y social del trabajo de cuidado.

Implementar estos ejes en Puebla permitirá reducir desigualdades, formalizar el trabajo de cuidado, generar empleo y construir una sociedad más equitativa y solidaria. Garantizar el derecho al cuidado es una decisión política estratégica que requiere compromiso, planificación, recursos y participación de todos los actores: Estado, familias, sector privado y sociedad civil. Puebla tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional en políticas de cuidados, combinando normativa, presupuesto y corresponsabilidad social para transformar la vida de las personas que la habitan, y de forma particular, de las mujeres que históricamente han llevado en sus hombros la carga de los cuidados.