Por Águeda Ale Valdés

Impulsora del Sistema de Cuidados en Monterrey, NL.

El 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció por primera vez el cuidado como un derecho humano autónomo. Este hecho no es solo una reforma jurídica: es un avance histórico que redefine la manera en que concebimos la justicia social, la igualdad de género y el desarrollo económico. Este logro marca un antes y un después en la vida de millones de personas, especialmente de mujeres, que durante décadas han sostenido la economía y el tejido social a través de su trabajo de cuidado, casi siempre invisible y no remunerado.

Es un paso más para transitar del deber adquirido a la política pública. Cuidar, ser cuidado y poder cuidarse son ahora reconocidos como derechos. No favores, no responsabilidades “familiares”, no compromisos morales. Derechos humanos.

Se reconoce que cuidar no es amor romántico, es trabajo sostenido. Reconocer el cuidado como un derecho implica asumir que no es un asunto individual, sino una responsabilidad colectiva y del Estado. Significa entender que cuidar a las infancias, una persona mayor o una persona con discapacidad es tan vital para el país como construir carreteras o impulsar la inversión extranjera. Es un motor para la igualdad y la economía.

En nuestra cultura, el cuidado ha sido tratado como un deber privado, asociado a la familia —y casi exclusivamente a las mujeres—. Esta visión no solo ha sobrecargado a las personas cuidadoras, sino que ha perpetuado desigualdades estructurales, limitando su participación en la educación, el empleo y la vida pública.

Las cifras son contundentes: según el INEGI, el valor económico del trabajo no remunerado de cuidados equivale al 24% del PIB. Incorporar este trabajo a la agenda pública no solo dignifica a quienes lo realizan, sino que abre la puerta a políticas que promuevan la corresponsabilidad social y de género.

La infraestructura de cuidados —centros de atención infantil, servicios para personas mayores, licencias parentales equitativas— no es un gasto, sino una inversión con retorno garantizado. Permite que más mujeres accedan al mercado laboral, aumenta la productividad y genera empleos formales en el sector.

Celebrar este reconocimiento es celebrar que nadie debe elegir entre cuidar y vivir su propio proyecto de vida. Es afirmar que el cuidado no es caridad ni favor, sino un derecho exigible que debe garantizarse con calidad, accesibilidad y equidad.

¿Qué implica esto para México?

Este reconocimiento internacional debe obligar al Estado mexicano a dejar de mirar para otro lado. No basta con discursos; se necesitan sistemas nacionales de cuidados con presupuesto, con infraestructura, con corresponsabilidad pública y privada.

Defender el cuidado como derecho es defender un país más justo, competitivo y humano. No se trata solo de reconocer a quienes cuidan; se trata de construir un México donde todas las personas tengan la oportunidad de ser cuidadas y de cuidar sin sacrificar su bienestar ni sus sueños.

El reto que sigue, que este reconocimiento no quede en papel. Que se traduzca en leyes, en instituciones, en presupuesto. Que las mujeres dejen de cargar solas con la responsabilidad de cuidar a México. Que ser madre, hija, hermana o vecina no sea sinónimo de agotamiento crónico.